Montelíbano. La ocupación ilegal del predio privado 'La Manuela' escaló este sábado 25 de julio, a un tema de orden público luego que fuera bloqueado el sector del puente La Manuela, sobre la vía que comunica a Montelíbano con La Apartada. El bloqueo se habría generado en rechazo al desalojo programado por la alcaldía para el 28 de julio.

La protesta o bloqueo ha interrumpido el tránsito en uno de los corredores más importantes del sur de Córdoba, afectando así el transporte de pasajeros, carga y la movilidad regional. El procedimiento administrativo se sustenta en la obligación legal de la administración de restituir un bien de propiedad privada cuando existe una ocupación sin autorización, conforme a las competencias que le otorgan la legislación colombiana y la protección constitucional del derecho a la propiedad privada. https://www.facebook.com/share/p/17vUeAjHt7/

La administración del alcalde Gabriel Calle Demoya ha reconocido públicamente el déficit habitacional que enfrenta el municipio y ha señalado que ha promovido proyectos para buscar soluciones de vivienda a las familias vulnerables. No obstante, varias de esas iniciativas han sido archivadas por el Concejo Municipal al considerar que presentaban presuntas inconsistencias técnicas, jurídicas y/o administrativas, dejando sin alternativa a quienes esperan acceder a programas habitacionales. https://www.facebook.com/share/v/1GY4d7w85x/

En su momento, el mandatario puntualizó que, permitir nuevas invasiones sería desconocer el Estado de Derecho y generaría un precedente que incentivaría la ocupación de más predios privados, al tiempo que afirmó que entre los ocupantes habría personas provenientes de otros municipios e incluso algunas que, presuntamente, ya cuentan con vivienda y utilizan estas ocupaciones como una forma de negocio. https://www.facebook.com/share/v/19BJuQukJA/

Es preciso mencionar que, en mayo, esta comunidad fue desalojada y posteriormente nuevamente accedieron al predio. La situación evidencia la complejidad de un problema social que enfrenta dos realidades: la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y la obligación del Estado de proteger la propiedad privada y hacer cumplir las decisiones administrativas y judiciales. https://www.facebook.com/share/v/1JszZ8YAqo/

Mientras las familias reclaman soluciones habitacionales, el bloqueo de una vía pública afecta derechos de terceros, como la libre movilidad y el acceso a bienes y servicios. El desafío para las autoridades será encontrar mecanismos de diálogo y atención social que permitan reducir la tensión sin apartarse del marco legal, evitando que un conflicto de vivienda derive en una crisis de orden público de mayores proporciones. https://youtu.be/jx9cYxtumc0?si=rCsm-Uoknn3a7lWd

Hasta donde sabemos muchos de lo que se manifiestan, piden ser escuchados por el alcalde, sin embargo, la reunión prevista en su momento fue suspendida al parecer porque no se permitió la grabación de la misma. Esta es una situación difícil tanto paras las familias que en verdad requieren una vivienda digna, como para la administración, por eso es imperativo la necesidad de escucha, dialogo y concertación sin desconocer los argumentos de ley y seguir buscando soluciones conjuntas.